Caracas, 31 Oct. AVN.- Todos los colectivos de inquilinos respaldan
la aplicación de la Ley para la Regularización y Control de los
Arrendamientos de Vivienda, instrumento jurídico que promovieron,
debatieron y redactaron como parte de la iniciativa del pueblo
legislador.
Sin embargo, ante la decisión de la Superintendencia Nacional de
Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) de no continuar dictando la
providencia de congelamiento de alquileres porque ya la Ley entró en
vigencia desde noviembre de 2011, algunos grupos de inquilinos estiman
que la medida debe levantarse de manera progresiva.
La Asociación Bolivariana de Inquilinos (Asocib) propone una especie
de "descongelamiento gradual", pues estima que hay algunos alquileres
que deben ser revisados tras estar prohibidos los ajustes desde hace
casi diez años. Frente a este panorama, la Sunavi ha sido clara: la
providencia ya no es necesaria porque existe la ley que garantiza
seguridad jurídica a los inqulinos.
Por otra parte, la Sunavi ha aclarado que descongelamiento de los
arrendamientos no implica la liberalización de los cánones de alquiler,
que no podrán ser distintos a los que fije la superintendencia de
acuerdo al método establecido en la ley.
Maglene Sierralta, integrante de Asocib, indicó que están de acuerdo
con la medida de descongelamiento, pero consideran que la Sunavi, nacida
tras la promulgación de la Ley, aún no cuenta con la estructura para
acometer "la magnitud de regulaciones que serán solicitadas".
Por su parte, Rígel Sérgent, del Movimiento de Inquilinos, afirmó que
no cuestionan la aplicabilidad de la ley, "de la que fuimos
copartícipes y corresponsables", sino que creen que antes de tomar la
medida de descongelamiento deben estudiarse los efectos que ésta
acarrea.
"Pudiera ser un descongelamiento gradual, que diferencie al pequeño y
gran propietario, los alquileres actuales y los antiguos, cómo afecta a
los propietarios e inquilinos según su capacidad", consideró.
Sérgent reconoció, al igual que Sierralta, que hay cánones realmente
irrisorios al igual que unos muy altos, y que ambos casos deben
revisarse.
Sunavi espera por Minvih
La titular de Sunavi, Ana Marina Rodríguez, recalcó esta semana que
el ente que dirige está preparado para realizar el procedimiento para el
cálculo de los cánones, de acuerdo con las solicitudes de ajustes
interpuestas ya por arrendadores, y que sólo esperan la aprobación del
valor del metro cuadrado por parte del Ministerio de Vivienda y Hábitat.
Sierralta consideró que el hecho de que aún no se haya establecido el
valor de reposición por metro cuadrado por parte de la cartera de
Vivienda ha impedido que se avance en el avalúo de los inmuebles y con
ello, que se fijen tanto el canon de arrendamiento como del precio de
venta.
La Ley establece en su artículo 77 que la fijación de los cánones de
arrendamiento estará basada en una banda de entre 3% y 5% de
rentabilidad anual sobre el valor del inmueble.
Para la determinación del valor del inmueble (VI), la
Superintendencia deberá tomar en cuenta el valor de reposición (cuánto
costaría construir el inmueble en la actualidad), sus dimensiones, la
depreciación, la vulnerabilidad sísmica y la región. Ese valor de
reposición será fijado anualmente por el Ministerio y se expresará en
bolívares por metro cuadrado.
Ante el hecho de que sólo la Sunavi puede ajustar los cánones y de
que aún no se ha fijado el valor de reposición, Sierralta admite que, en
la práctica, los alquileres se mantienen congelados pese a que no haya
una providencia que así lo establezca.
Su temor es que, hasta que el Ministerio de Vivienda y Hábitat no
establezca el valor de reposición para completar la fórmula de cálculo
que está en la ley, los propietarios puedan irrespetar la norma y
decidan aumentar unilateralmente. Sin embargo, el instrumento jurídico
deja claro que es ilegal cobrar un arrendamiento por fuera de lo que
fije Sunavi. Las multas para quienes cobren alquileres violando la ley
llegan hasta cien unidades tributarias.
De hecho, Sierralta reconoció que hasta ahora no han recibido
denuncias de aumentos arbitrarios de los alquileres, aunque sí de cobros
ilegales de depósitos.
Seguridad Jurídica
La Sunavi ha señalado que el hecho de que no estén congelados los
alquileres no significa que están liberados, pues la ley establece que
no pueden cobrarse alquileres distintos a los fijados por el órgano
rector.
Esto significa "que hasta tanto sean fijados y regulados los cánones
de arrendamiento de los inmuebles destinados a vivienda, no podrá
realizarse cobro alguno que signifique incremento de lo pagado por los
arrendatarios y arrendatarias", dijo el organismo en un comunicado
reciente.
Del mismo modo, la Red Metropolitana de Inquilinos ha considerado que
no continuar con el congelamiento de alquileres "es una medida que le
da seguridad jurídica al pueblo inquilinario y que hace cumplir la
primera ley propuesta por iniciativa nacional", señaló Yurani Prado, una
de las voceras del grupo y quien habló en nombre de otros coletivos
impulsores de esta normativa jurídica.
Explicó que el objetivo de dicha providencia, que era enfrentar el
carácter especulativo de los cánones de arrendamientos, ya está
garantizado por la ley pues ésta define el procedimiento para la
fijación de los alquileres. "Sunavi tiene la competencia para fijar el
canon. Ningún propietario ni administradora pueden aumentarlo", recordó.
Apuntó que ese congelamiento pudo proteger a los inquilinos mientras
se organizaron para crear el proyecto de ley, en cuya discusión
participaron todos los sectores involucrados. Una vez promulgada la
norma, la medida transitoria es innecesaria.
La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de
Vivienda fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN) en noviembre de
2011, ocho meses después de que se introdujera el anteproyecto de ley
por iniciativa popular.
Colectivos de inquilinos redactaron el anteproyecto, que luego fue
sometido a discusión en la Comisión Permanente de Administración y
Servicios del Parlamento. En este debate también participaron
activamente los integrantes de los movimientos de inquilinos, y se
escuchó a representantes de arrendadores y organismos técnicos.
Fuente: http://www.avn.info.ve/node/140205/
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