Publicado en Últimas Noticias, el 25/01/2014
Congelan bienes fiscalizados en la llamada “ofensiva económica”
Habrá certificado de costos y precios justos.
La Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.340, aumentó las sanciones para delitos ya previstos en dos leyes que quedaron derogadas, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y la de Costos y Precios Justos.
Sanciones
La nueva norma prevé multas que variarán de 200 a 20.000 unidades tributarias dependiendo del delito, mientras que las ocupaciones temporales con intervención de almacenes, industrias, comercio o transporte de bienes pasaron de 90 a 180 días. La prisión ahora puede ir de 6 meses a 14 años según el ilícito cometido, e, incluso, el Ejecutivo podrá expropiar “cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos de acuerdo con la Constitución nacional”.
Una de las nuevas sanciones es la suspensión del infractor por 3 meses a 10 años del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE). Inscribirse en ese nuevo registro será un “requisito indispensable para realizar actividades económicas y comerciales en el país”. A él deberán sumarse las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas, incluidos los medios electrónicos.
Desestabilización y corrupción entre particulares
En la norma aparecieron dos nuevos delitos: La desestabilización de la economía y la corrupción entre particulares. Sobre la primera, que está en el artículo 56 de la norma, se indica que “cuando el boicot, acaparamiento, especulación; procuren la desestabilización de la economía, la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la nación, las penas se aplicarán en su límite máximo y se confiscarán los bienes”.
Sobre la corrupción entre particulares, se señala en el artículo 64 que “quien por sí solo o persona interpuesta ofrezca a directivo o empleado un beneficio para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros será castigado con prisión de 2 a 6 años”.
Crecieron las sanciones para los que incurran en el expendio de alimentos o bienes vencidos, especulación, importación de bienes nocivos para la salud, alteración fraudulenta de calidad de bienes, acaparamiento, boicot, condicionamiento de la venta, contrabando de extracción, usura y alteración fraudulenta de precios, entre otros.
Ganancias controladas
El Ejecutivo fijó un margen de ganancia de 30% sobre las estructuras de costos para cada actor de las cadenas. Ese margen será fijado de manera anual por la nueva Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) y se establecerá por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización o actividad económica.
Para ello, la SUNDDE determinará los precios máximos de la “cadena de producción, importación, distribución y consumo, de acuerdo con su importancia económica y su carácter estratégico”. “Se realizará un análisis socioeconómico, en el que se tomará en cuenta la información que suministren los sujetos de ley que reflejen sus estructuras de costo y su utilidad, la información de los denunciantes y del poder popular”.
Certificado de precios justos
Una de las atribuciones de la SUNDDE es emitir el “certificado de precios justos”, un documento que será necesario para gestionar divisas ante los organismos competentes y se expedirá luego de que los sujetos de ley “demuestren que cumplen los criterios de precios justos”, según el artículo 33 de la ley.
En las disposiciones transitorias se indica que los precios justos que resultaron de la llamada “ofensiva económica” quedarán vigentes hasta que la SUNDDE determine nuevos precios. Entre noviembre y diciembre fueron fiscalizados al menos 18 sectores económicos.
Bajo la mira los cánones de arrendamiento
La nueva Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) establecerá los criterios para fijar los cánones de arrendamiento “justos” en los locales comerciales, se lee en el artículo 11 de la ley.
Otra de sus funciones será fijar las condiciones generales de la oferta, promociones y la publicidad en bienes y servicios. Dará criterios para comercializar algún bien y diseñará cómo se controlarán los costos.
Congelan bienes fiscalizados en la llamada “ofensiva económica”
Habrá certificado de costos y precios justos.
La Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.340, aumentó las sanciones para delitos ya previstos en dos leyes que quedaron derogadas, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y la de Costos y Precios Justos.
Sanciones
La nueva norma prevé multas que variarán de 200 a 20.000 unidades tributarias dependiendo del delito, mientras que las ocupaciones temporales con intervención de almacenes, industrias, comercio o transporte de bienes pasaron de 90 a 180 días. La prisión ahora puede ir de 6 meses a 14 años según el ilícito cometido, e, incluso, el Ejecutivo podrá expropiar “cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos de acuerdo con la Constitución nacional”.
Una de las nuevas sanciones es la suspensión del infractor por 3 meses a 10 años del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE). Inscribirse en ese nuevo registro será un “requisito indispensable para realizar actividades económicas y comerciales en el país”. A él deberán sumarse las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas, incluidos los medios electrónicos.
Desestabilización y corrupción entre particulares
En la norma aparecieron dos nuevos delitos: La desestabilización de la economía y la corrupción entre particulares. Sobre la primera, que está en el artículo 56 de la norma, se indica que “cuando el boicot, acaparamiento, especulación; procuren la desestabilización de la economía, la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la nación, las penas se aplicarán en su límite máximo y se confiscarán los bienes”.
Sobre la corrupción entre particulares, se señala en el artículo 64 que “quien por sí solo o persona interpuesta ofrezca a directivo o empleado un beneficio para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros será castigado con prisión de 2 a 6 años”.
Crecieron las sanciones para los que incurran en el expendio de alimentos o bienes vencidos, especulación, importación de bienes nocivos para la salud, alteración fraudulenta de calidad de bienes, acaparamiento, boicot, condicionamiento de la venta, contrabando de extracción, usura y alteración fraudulenta de precios, entre otros.
Ganancias controladas
El Ejecutivo fijó un margen de ganancia de 30% sobre las estructuras de costos para cada actor de las cadenas. Ese margen será fijado de manera anual por la nueva Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) y se establecerá por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización o actividad económica.
Para ello, la SUNDDE determinará los precios máximos de la “cadena de producción, importación, distribución y consumo, de acuerdo con su importancia económica y su carácter estratégico”. “Se realizará un análisis socioeconómico, en el que se tomará en cuenta la información que suministren los sujetos de ley que reflejen sus estructuras de costo y su utilidad, la información de los denunciantes y del poder popular”.
Certificado de precios justos
Una de las atribuciones de la SUNDDE es emitir el “certificado de precios justos”, un documento que será necesario para gestionar divisas ante los organismos competentes y se expedirá luego de que los sujetos de ley “demuestren que cumplen los criterios de precios justos”, según el artículo 33 de la ley.
En las disposiciones transitorias se indica que los precios justos que resultaron de la llamada “ofensiva económica” quedarán vigentes hasta que la SUNDDE determine nuevos precios. Entre noviembre y diciembre fueron fiscalizados al menos 18 sectores económicos.
Bajo la mira los cánones de arrendamiento
La nueva Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) establecerá los criterios para fijar los cánones de arrendamiento “justos” en los locales comerciales, se lee en el artículo 11 de la ley.
Otra de sus funciones será fijar las condiciones generales de la oferta, promociones y la publicidad en bienes y servicios. Dará criterios para comercializar algún bien y diseñará cómo se controlarán los costos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario